La delegada de Servicio Sociales, May Gallego, ha informado que actualmente son 5 trabajadores sociales los encargados y responsables de tramitar las solicitudes que llegan a la delegación para gestionar cualquiera de los recursos que incluye la Ley de Dependencia, incluido el servicio de ayuda a domicilio.
Añade, además, que los servicios sociales del Ayuntamiento están a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva y conceda los recursos de un total de 183 PIAS (Planes individualizados de Atención) ya elaborados por los trabajadores sociales municipales.
“Hemos puesto todos nuestros recursos a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Hacemos el trabajo que nos toca con 5 trabajadores sociales gestionando las peticiones de quienes necesitan una ayuda. Ahora nos falta el impulso de la Junta de Andalucía para que resuelva cuanto antes los recursos pendientes de asignar”, ha explicado May Gallego.
Según los datos que aporta la delegación, el tiempo medio desde que se solicita el reconocimiento de grado hasta la aplicación del recurso a las familias es de 17 meses, dos meses menos que la media andaluza.
Este período de tiempo se divide en dos procesos o tiempos diferenciados. El primero de ellos se inicia cuando un ciudadano o ciudadana acude a Servicios Sociales a solicitar cualquiera de los recursos que incluye la Ley de Dependencia. Una vez trasladada esta petición a la Junta de Andalucía, esta es la que realiza la valoración de la persona dependiente.
Una vez valorado el grado de dependencia, la Junta de Andalucía solicita a los Servicios Sociales la elaboración del Plan Individualizado de Atención que, una vez realizado, vuelve a remitirse a la administración autonómica, que es quien resuelve finalmente qué recurso se le concede al solicitante.
