El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se vieron las caras este miércoles en el Congreso, en la sesión de control al Ejecutivo. Un duelo dialéctico que, como en otras ocasiones, no aportó sustancia alguna. Ese tipo de intervenciones solo sirven para que cada bando alimente los ánimos de su tropa y para que los asesores de turno cuelen frases altisonantes en busca de la aprobación en las redes sociales.
Como era de prever, uno dijo que no se dejará atrapar por el fango y que seguirá adelante y el otro replicó que es tanta la corrupción en Moncloa y los ministerios que ya va siendo hora de poner fin a la legislatura y convocar a los españoles a las urnas.
La sesión de preguntas y respuestas llegó el día después de que conociéramos nuevos detalles sobre la investigación judicial en torno a la esposa del presidente, Begoña Gómez. Como Sánchez se ha empeñado en no dar explicaciones sobre lo ocurrido -a pesar de que dijo en la tribuna la última vez que subió a ella que lo haría encantado-, pues ahora ya sabemos que en Moncloa se tuvo conocimiento de la actuación judicial antes de que el presidente se tomase cinco días para reflexionar si seguía o renunciaba. El detalle no es baladí, porque Sánchez lo contó de otra manera: la versión oficial era que todo derivaba del inicio de las diligencias.
En esto hay que hacer un inciso: no faltan los que cuestionan las formas, los tiempos y los procedimientos del juez instructor, pero para suerte de Gómez, de Sánchez y de todos los españoles, el sistema judicial es tan garantista que sobre eso se pronuncia otro tribunal.
Superado el inciso, lo evidente es que Sánchez da la sensación de estar en una huida hacia adelante, un riesgo mayúsculo incluso si no hay nada que ocultar. Cuando se coge la bandera de la regeneración, como hizo al decir que continuaba, se ha de asumir que eso conlleva la transparencia: si todo en la actuación de Gómez es correcto, pues no pasa nada por comparecer en rueda de prensa, aceptando preguntas (ya está bien de declaraciones institucionales) y ofreciendo respuestas. Los bulos (si es que lo son) se desmontan con datos y eso es lo que nos sigue faltando. Si después hay quienes prefieren seguir abrazando la desinformación, pues allá cada cual con sus preferencias. Pero la obligación de quien tiene responsabilidades públicas es, valga la redundancia, responder al público.
